Una Ley Sin Desperdicio que mejora pero no enamora
El Proyecto de Ley de prevención de pérdidas y el desperdicio alimentario se ha votado en el Pleno del Congreso hoy jueves 11 de mayo de 2023, antes de pasar al Senado
Desde el colectivo Ley Sin Desperdicio valoramos muy positivamente los avances alcanzados en el texto de la futura ley, en el que venimos trabajando desde hace un año las diferentes organizaciones y activistas preocupados por las graves consecuencias del desperdicio alimentario.
Sin embargo, el proyecto de ley ha pasado por diferentes fases y no se ha desarrollado en el sentido que hubiéramos deseado para contar con una ley pionera en Europa. El texto inicial del anteproyecto de ley era más ambicioso y transformador que el que después recogió el proyecto de ley.
No obstante, en el texto que pasa al Senado sí hemos visto recogidas parte de las demandas que el colectivo ha ido proponiendo en los últimos meses a los diferentes grupos parlamentarios que forman parte de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En esta publicación de Enraíza Derechos señalamos las demandas que sí han sido recogidas y algunas carencias que consideramos aún pueden subsanarse.
Esta Ley da un paso importante para reducir el desperdicio
Una vez aprobada la Ley sería necesario revisar aquellas otras normas de igual o inferior rango que pudieran ser obstáculo para la aplicación completa de la presente: normas de comercialización, imposición de criterios puramente estéticos o sistema de medición de residuos que excluyen al sector primario (como la Decisión Delegada de la UE).
Desde el Colectivo consideramos que esta Ley da un paso importante en la dirección correcta para la prevención de las pérdidas y desperdicio de alimentos, máxime en un momento como el actual con elevada inflación, escasez y carestía de recursos (agua, energía,…), emergencia climática y pobreza alimentaria.
Este es sólo un primer paso de muchos otros que será importante dar (aplicación de la Ley, sensibilización de la sociedad,…), tanto desde las instituciones políticas, como de las administraciones y de las entidades de la sociedad civil, de forma colaborativa entre todas para lograr responder a las graves consecuencias que supone el desperdicio alimentario.