Necesitamos una ley contra el desperdicio transformadora
El 15 de noviembre realizamos un taller online junto con otros actores para reflexionar sobre el anteproyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
En él participaron 15 entidades y colectivos de sociedad civil, estatales y territoriales, con las que venimos trabajando articuladamente esta temática desde hace años: Cáritas, Cátedra Tierra Ciudadana UPV, CECU, ECODES, Ecovalia (Fundación Savia), Elika, Espigoladors, Comida Crítica (Fundación Vida Sostenible), Despilfarro Alimentario, Manos Unidas, MercaValencia, RedAlimenta, Red Ciudades por la Agroecología, Refood España, Te lo sirvo verde (asesoría en restauración sostenible) y WWF.
El objetivo de este taller ha sido analizar el anteproyecto de ley contra el desperdicio alimentario, que en principio se implementará en el 2023, y poder desarrollar propuestas para participar en el proceso de consulta pública previa.
En la primera parte del taller nuestro compañero Héctor Barco, investigador y experto en desperdicio alimentario, hizo una breve presentación de los diferentes puntos del anteproyecto. A continuación la través de una actividad participativa los/as asistentes/as pudieron hacer sus comentarios y propuestas al texto.
Finalmente, desde Enraíza Derechos nos hemos enrcargado de hacer una relatoría exhaustiva del trabajo hecho durante el taller. Algunas de las consideraciones a este texto son:
1. El planteamiento de la futura ley sobre reducción del desperdicio alimentario tiene que ser ambicioso: ante la magnitud de este problema y sus impactos, necesitamos conseguir una ley que sea verdaderamente transformadora, que haga frente a las causas fundamentales y estructurales del problema, teniendo en cuenta que este tema toca aspectos múltiples: agricultura, alimentación, salud, comercio, educación, consumo, medio ambiente… en los que hay que trabajar de forma paralela, coordinada y coherente.
2. Sería necesario reforzar el carácter preventivo de la ley, para lo que pensamos hay todavía recorrido de mejora. Si bien se sitúa a la prevención en el puesto más alto de la jerarquía de soluciones (como recomienda la UE), a lo largo del texto del anteproyecto se podría reforzar este enfoque preventivo, para lo que la medición y el análisis causal del desperdicio son fundamentales. La medición cuantitativa y cualitativa, así como el análisis en profundidad las causas y las consecuencias de las pérdidas y desperdicio de alimentos, deberían figurar explícitamente en los objetivos de la ley.
3. En relación con el punto anterior, es necesaria la armonización de metodologías de cómputo del desperdicio en toda España, en línea con lo establecido por la Decisión Delegada, aunque será necesario concretar aún más estos requisitos, especialmente en el ámbito de determinar qué sectores/actividades económicas hay que analizar en cada una de las etapas de la cadena, así como la estandarización de métodos cuantitativos y cualitativos entre los ya recomendados por la Decisión Delegada, una acción necesaria para poder obtener datos realistas y comparables entre todas las Comunidades Autónomas.
4. Una cuestión muy relevante para que todas las entidades puedan medir los mismos materiales y flujos, facilitando así la comparabilidad de datos y la estandarización de procesos, es definir de forma clara qué se entiende por pérdidas y desperdicio de alimentos. Si bien en este momento de elaboración de la ley se puede optar por mantener la definición de desperdicio alimentario tal y como está, debería indicarse claramente que se trata de una definición genérica y que tendrá un desarrollo posterior.
5. Este anteproyecto de ley debería tener una mirada amplia del sistema alimentario e incluir a todos los actores que participan en él y que tienen una repercusión y un papel en la generación de pérdidas y desperdicio de alimentos, incluyendo por supuesto al eslabón del consumo. Y debería tratarlos a todos de manera equilibrada y objetiva, en función del papel que desempeñan en este problema.
6. En relación a la reglamentación de la Ley y los instrumentos concretos de planificación que deberán establecer metas temporales e indicadores SMART para medir el avance de objetivos, así como definir la metodología de medición, quién tiene la obligación de medir y ante quién reportar con qué periodicidad.
7. Es importante que la futura ley estatal plantee de forma adecuada la necesidad de unos principios y criterios comunes a todas las administraciones de los diferentes niveles de administración territorial, así como la coordinación entre las mismas.
8. Es llamativo que no aparezca en el texto ninguna referencia al papel de las organizaciones sociales que trabajan sobre concienciación, sensibilización y movilización ciudadana para la reducción del desperdicio alimentario, a pesar de que el primer lugar en la jerarquía de prioridades es la prevención. También se deben tener en cuenta a otros grupos de interés, organizaciones de consumidores, centros educativos, universidades, organizaciones que promueven el espigueo, etc. que pueden ser agentes multiplicadores.
9. En el conjunto del texto del anteproyecto aparece con más peso el tema de la donación de excedentes que el de la prevención. Este tratamiento va en contra de la jerarquía establecida al inicio del anteproyecto.
Como resultado de esta puesta en diálogo con otras entidades, hemos enriquecido nuestras aportaciones. Finalmente trasladamos nuestras propias propuestas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aunque la mayoría de las demandas de mejora son compartidas con las entidades participantes en el taller.