Revuelto de iniciativas legislativas
Cerramos el mes de julio fijando nuestra atención en los trabajos parlamentarios que sus señorías, actualmente en período de vacaciones, han realizado con respecto al desperdicio de alimentos. Se diría que este tema está encima de las mesas de nuestros representantes políticos si tenemos en cuenta el número de iniciativas parlamentarias que desde hace años se están presentando: proposiciones de ley y proposiciones no de ley, mociones para debates varios, diversas preguntas parlamentarias, tanto en el ámbito nacional –Congreso y Senado- como en el ámbito autonómico.
Si bien a simple vista parece que la variedad de propuestas es un factor positivo, sin embargo, preocupa que no haya ningún tipo de coordinación entre los representantes de los diversos grupos parlamentarios, incluso, se aprecia falta de coordinación entre las instituciones.
Es imprescindible abordar eficazmente el desperdicio de alimentos en el plano legislativo y es además ineludible identificar las causas para actuar directamente sobre ellas. No tiene sentido que este tema, cuyas repercusiones sociales, económicas y medioambientales ningún grupo parlamentario pone en cuestión, se aborde de forma fragmentada y descoordinada. Colocar parches únicamente en algunos eslabones de la cadena alimentaria es inútil cuando el desperdicio se produce a lo largo de toda ella como consecuencia del insostenible funcionamiento del sistema alimentario.
Estamos viendo muy a menudo que la prioridad generalizada entre los grupos políticos y en no pocas entidades sociales es afrontar el desperdicio de alimentos a partir de la donación de alimentos, práctica que tendría que situarse en un segundo plano, una vez agotadas todas las posibilidades de evitar que los alimentos acaben en el cubo de la basura, sin justificación alguna.
Llama la atención que en septiembre de 2012, Compromís presentó una proposición no de ley en el Pleno del Congreso de los Diputados, que se convirtió en interpelación, en la que se daban a conocer una serie de propuestas como la promoción de leyes contra la destrucción sistemática de alimentos en buen estado para el consumo humano; prioridad en la contratación pública para aquellas empresas que promovieran acciones contra el despilfarro; nuevas normas de etiquetado; campañas de sensibilización para fomentar el valor de los alimentos y de los productos agrícolas abordando las causas y las consecuencias del desperdicio de alimentos y cómo reducirlo, entre otras propuestas que no tuvieron el éxito deseado.
En pocos años, la conciencia ciudadana con respecto al desperdicio de alimentos ha aumentado y no debemos olvidar los avances que se han producido. Buena prueba de ello es que nuestros representantes políticos en la Unión Europea, en el Congreso y en el Senado, así como en los parlamentos autonómicos tienen el tema del desperdicio de alimentos encima de sus mesas de trabajo. Esperemos que muy pronto el actual revuelto de iniciativas legislativas dé paso a normas basadas en la prevención del desperdicio de alimentos.